No se puede obligar a los constructores responsables de viviendas defectuosas a pagar las obras de reparación, que costarán miles de millones y tardarán años en completarse, según un informe histórico.
El informe del grupo de trabajo sobre defectos en la vivienda, encargado por el Ministro de Vivienda, Darragh O’Brien y publicado el jueves, afirma que «se necesitarán muchos años para solucionar todos los edificios afectados».
Aunque se ha estudiado la posibilidad de imponer un gravamen al sector, el informe afirma que «no es posible imponer una sanción a posteriori a las empresas responsables de los defectos». Según el informe, una tasa general del sector afectaría a los que no causaron el problema y se enfrentarían a problemas legales y a la repercusión en los costes actuales de la construcción.
El informe señala que los defectos de diversa índole se deben a «diseños defectuosos, mano de obra defectuosa o materiales defectuosos o cualquier combinación de ellos» y que «se repiten en todo el país».
Describe cómo, antes de 2014, los dictámenes de conformidad se emitían de forma generalizada, sin inspecciones por parte de profesionales y «basándose en vistas no invasivas a la finalización, sin ninguna inspección durante la construcción para evaluar si el edificio se había construido» de acuerdo con los requisitos.
Hilo conductor
El informe concluye que el «hilo conductor» del origen de los defectos fue la falta de comprensión de las complejidades de la construcción de los edificios, que corrió a cargo de los profesionales de la construcción, los promotores, las aseguradoras, los financieros y los prestamistas, con una limitada supervisión normativa en el ámbito de las autoridades locales.
El informe concluye que entre 1991 y 2013 se construyeron hasta 100.000 unidades afectadas por defectos. La factura ascenderá a entre 1.560 y 2.500 millones de euros para resolver los problemas, con un coste medio de 25.000 euros por apartamento.
Según el informe, los propietarios no tienen muchas opciones legales, a pesar de que la ley establece claramente que la responsabilidad principal de garantizar la conformidad de las obras «recae en los propietarios, diseñadores y constructores de los edificios«.
Sin embargo, advierte que «las probabilidades de éxito de las acciones legales son escasas y los costes de las mismas se consideran prohibitivos», y añade que muchos complejos fueron construidos por empresas ficticias en las que no es posible perseguir a los antiguos propietarios o directores.
Según el informe, entre el 40 % y el 70 % de los inmuebles con defectos pueden presentar fallos de seguridad contra incendios, mientras que la entrada de agua afecta a entre el 20 % y el 50 % y los defectos de seguridad estructural a entre el 5 % y el 25 %.