Una importante revisión de las leyes de planificación para reducir la burocracia legal y acelerar la entrega de miles de nuevas viviendas.
The Irish Independent puede revelar que se está tomando medidas contra lo que se ha descrito como una «industria» de revisiones judiciales.
El Secretario de Estado de Planificación, Peter Burke, propone importantes cambios en la Ley de Planificación y Desarrollo.
Cree que el enorme aumento de los largos y costosos recursos judiciales está retrasando durante años proyectos clave de vivienda e infraestructuras.
El sistema de planificación se reajustará para reducir las fases en las que se puede solicitar una revisión judicial. Habrá nuevos límites a las entidades que pueden presentar recursos judiciales y un nuevo sistema de limitación de costes.
El Sr. Burke dijo que le preocupaba enormemente que nueve de los 40 jueces del Tribunal Superior se ocuparan exclusivamente de las revisiones judiciales en la actualidad.
An Bord Pleanála es parte notificada en 190 casos de revisión judicial que se encuentran actualmente ante el Tribunal Superior. El Ministro de Vivienda es actualmente parte notificada en 47 recursos judiciales.
Leyes de planificación que aceleren la entrega de viviendas
Mientras tanto, los ayuntamientos, en su papel de autoridades de planificación, también son objeto de impugnaciones mediante revisiones judiciales.
El ministro dijo que los cambios tendrían «absolutamente» el potencial de entregar miles de nuevas viviendas más rápidamente en los próximos años.
El ministro Peter Burke también está estudiando la posibilidad de modificar los criterios por los que las organizaciones no gubernamentales (ONG) pueden iniciar revisiones judiciales. Citó casos de grupos que se «crean de la noche a la mañana» para «frustrar el proceso», pero reconoció que cualquier cambio en ese ámbito requeriría un mayor estudio.
El nuevo sistema de limitación de los costes judiciales permitirá a la parte demandada recuperar parte de los costes legales del solicitante que pierda la revisión judicial. Con ello se pretende acabar con los acuerdos de «no win, no fee» que, según el Sr. Burke, están impulsando el aumento de las impugnaciones.
La exposición a los costes de un demandante que no gane se limitará a 5.000 euros, mientras que los costes recuperables por un demandante que gane de un demandado se limitarán a 40.000 euros.