El Gobierno norirlandés pidió hoy disculpas públicas por un escándalo de abusos sexuales y malos tratos en instituciones infantiles a lo largo del siglo XX, al que se sumaron los principales partidos políticos y las congregaciones religiosas acusadas.
«Lamentamos que el Estado no les protegiese de los abusos, lamentamos que el Estado no les protegiese de quienes utilizaron su poder», dijo a las víctimas Michelle McIlveen, ministra de Educación, en representación del Partido Unionista Democrático (DUP), en la sede del gobierno regional de Belfast.
Una investigación que duró cuatro años y finalizó en 2017, denunció abusos generalizados en instituciones infantiles dirigidas por religiosos.
«Lamentamos que no les creyeran. El Estado les ha escuchado y les cree y lo sentimos profundamente»
agregó Mcllveen, informó la agencia de noticias AFP
Los otros cuatro principales partidos políticos del gobierno norirlandés
Una vez que la ministra concluyó su pedido de disculpas, tomaron la palabra para expresar su pesar los miembros de los otros cuatro principales partidos políticos norirlandeses, e hicieron lo propio las congregaciones religiosas acusadas en el informe.
El acto debía ser encabezado por el primer ministro norirlandés, Paul Givan, y la vice primera ministra, Michelle O’Neill, pero un diferendo sobre los controles aduaneros posbrexit provocó la renuncia de ambos en febrero.
«Mucha gente necesita escuchar ‘lo siento, no fue culpa suya'»,
Margaret McGuckin, presidenta de la asociación de supervivientes y víctimas de abusos institucionales SAVIA.
La mujer comparó lo ocurrido hoy con las disculpas del entonces primer ministro británico David Cameron en 2010 por la masacre del Domingo Sangriento, en la que doce manifestantes católicos norirlandeses murieron por los disparos del ejército británico en 1972 en Londonderry.
493 personas litigaron abusos
Su hermano Kevin afirmó haber sido víctima de abusos sexuales en un hogar dirigido por una orden católica desde los 11 años, después de que los cuatro hermanos fueran internados en instituciones de acogida.
Un total de 493 personas denunciaron abusos en el marco de este escándalo.
El informe criticó en particular los numerosos fallos de la policía en la investigación de estas denuncias, así como el papel de la Iglesia Católica en la protección de los agresores.
La investigación destacó «pruebas» de abusos sexuales, físicos y psicológicos, «negligencia y prácticas inaceptables» en la mayoría de las instituciones investigadas entre 1922 y 1995. De ellas, 22 instituciones eran gestionadas por el Estado, la Iglesia y asociaciones.